Estados Unidos no comenzó a ser un imperio cuando invadió Irak, intervino en América Latina o instaló bases militares en los distintos rincones del planeta. Tampoco se convirtió en uno con la guerra de Afganistán ni con el nacimiento de la llamada pax americana. El imperio estaba allí desde el principio, incorporado en su propia arquitectura territorial y en la manera en que aprendió a entender el mundo: como una extensión disponible para su expansión, su seguridad y sus intereses.

En 1898, Estados Unidos derrotó a España y tomó el control de Filipinas. En nuestras latitudes, el acontecimiento suele recordarse como el momento en que el viejo imperio español perdió una de sus últimas colonias y terminó de cerrar cinco siglos de expansión ultramarina. Sin embargo, aquella historia contiene otra menos conocida y mucho más incómoda.

Los filipinos habían combatido contra España con la esperanza de alcanzar su independencia. Estados Unidos se presentó inicialmente como un aliado, pero, una vez vencida la potencia europea, decidió ocupar el archipiélago y convertirlo en una nueva posesión. Los antiguos aliados se transformaron entonces en enemigos. Comenzó una guerra colonial sangrienta, prolongada durante aproximadamente quince años, que se mantiene como uno de los conflictos más extensos de la historia estadounidense.

La escena se repetiría, con distintos disfraces, durante las décadas siguientes: una potencia habla en nombre de la libertad mientras administra la dependencia; promete emancipación mientras reorganiza el territorio; proclama principios universales mientras reserva para sí misma el derecho a decidir quién puede ejercerlos.

La historia oficial suele presentarnos los imperios como criaturas del pasado. Imaginamos barcos europeos atravesando océanos, banderas clavadas sobre territorios lejanos y administradores coloniales gobernando poblaciones sometidas. Pero los imperios no desaparecen necesariamente cuando dejan de llamarse imperios. También pueden transformarse, cambiar su vocabulario y perfeccionar sus mecanismos de invisibilidad.

El historiador estadounidense Daniel Immerwahr ha dedicado buena parte de su trabajo a estudiar esa mutación. Su tesis es perturbadora precisamente porque parece sencilla: Estados Unidos ha sido una potencia imperial prácticamente desde su fundación, pero aprendió a esconder su imperio mediante nuevas formas de control territorial, militar, económico y cultural.

El nombre del país —Estados Unidos de América— puede sugerir una federación compuesta exclusivamente por estados iguales entre sí. Sin embargo, desde su independencia ha sido una combinación de estados plenamente incorporados y territorios sometidos a relaciones políticas diferentes. Millones de personas han vivido, y continúan viviendo, bajo soberanía estadounidense sin gozar necesariamente de los mismos derechos que quienes habitan el territorio continental.

Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte forman parte de esa geografía que rara vez aparece en los mapas mentales del poder. Son lugares que pertenecen a Estados Unidos, pero que muchas veces son tratados como si se encontraran fuera de él. No constituyen una anomalía reciente, sino la continuidad de una estructura territorial profundamente desigual.

El imperio estadounidense no desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Cambió de forma.

Tras 1945, Washington dejó de privilegiar la anexión directa de grandes territorios y comenzó a construir una red global basada en alianzas militares, acuerdos comerciales, instituciones financieras, influencia cultural y cientos de bases distribuidas alrededor del planeta. El control ya no necesitaba siempre una bandera instalada sobre el territorio conquistado. Podía ejercerse mediante tratados, deuda, operaciones encubiertas, sanciones, golpes de Estado, cooperación militar o dependencia tecnológica.

El imperio territorial se transformó en un imperio logístico.

La geografía dejó de medirse únicamente por fronteras y comenzó a organizarse mediante aeropuertos militares, puertos, corredores comerciales, satélites, cables submarinos, sistemas financieros y cadenas de suministro. La fuerza ya no residía solamente en poseer tierras, sino en controlar los puntos por donde circulan la energía, las mercancías, la información y las armas.

Es en ese contexto donde aparece Donald Trump.

Con frecuencia se le describe como un aislacionista, un dirigente interesado en retirar a Estados Unidos de los asuntos internacionales. Pero esa lectura confunde su rechazo a la diplomacia multilateral con una renuncia al poder. Trump no parece querer un país menos dominante. Quiere una dominación más directa, visible y transaccional.

No rechaza el imperio. Rechaza las formas sofisticadas mediante las cuales el imperio aprendió a administrarse.

El orden internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial, al que sus defensores llaman orden liberal y sus críticos pax americana, se sostenía en una combinación de poder militar, instituciones internacionales, alianzas y reglas que Estados Unidos ayudó a diseñar. Esas reglas nunca fueron completamente justas ni universales, pero permitían que la potencia presentara sus decisiones como parte de un sistema compartido.

Trump considera que esa arquitectura limita innecesariamente la fuerza estadounidense. La diplomacia, para él, no es una herramienta de convivencia, sino una demora. Los tratados son malos negocios cuando impiden imponer condiciones. Los aliados son clientes que pagan poco. Las organizaciones internacionales son obstáculos levantados entre el poder y sus objetivos.

Su lenguaje pertenece menos al mundo de los diplomáticos que al de los promotores inmobiliarios. Habla de territorios, recursos, precios y adquisiciones. Mira Groenlandia y no ve principalmente una sociedad, un territorio ancestral o una comunidad política con derecho a decidir su futuro. Ve minerales, rutas marítimas, posición estratégica y oportunidades de expansión.

Lo mismo ocurre cuando menciona Canadá, la Zona del Canal de Panamá o incluso Gaza. Los territorios aparecen convertidos en superficies disponibles, espacios que pueden ser adquiridos, vaciados, administrados o reorganizados por quien posea suficiente fuerza.

Aquí se revela uno de los rasgos más peligrosos de esta nueva etapa: la convergencia entre el poder estatal y el interés empresarial personal.

Los presidentes estadounidenses anteriores defendieron frecuentemente los intereses de grandes corporaciones y grupos económicos. La historia de América Latina está llena de intervenciones realizadas en nombre de empresas agrícolas, petroleras, mineras o financieras. Pero en Trump el conflicto adquiere una dimensión especialmente explícita. El gobernante también es propietario de una marca global, de negocios y de una red comercial que puede beneficiarse de las decisiones diplomáticas tomadas por su propia administración.

El imperio nacional y el imperio privado comienzan a mezclarse.

No siempre resulta evidente cuándo Trump actúa en nombre de Estados Unidos y cuándo utiliza el poder estadounidense para ampliar su influencia personal, familiar o empresarial. Esa confusión no constituye un accidente del sistema. Es una expresión extrema de una época en que el poder económico ha dejado de sentirse obligado a disimular su deseo de gobernar.

Pero sería un error reducir todo esto a la personalidad de un solo hombre.

Trump no inventó el imperialismo estadounidense. Tampoco inventó la intervención militar, el apoyo a golpes de Estado, la apropiación de recursos ni la subordinación de pueblos enteros a intereses económicos externos. Su particularidad consiste en retirar parte del decorado moral que durante décadas acompañó esas prácticas.

Donde otros hablaban de estabilidad internacional, él habla de fuerza.

Donde otros mencionaban cooperación, él exige obediencia.

Donde otros ocultaban el imperio bajo tratados, instituciones y discursos humanitarios, él parece dispuesto a mostrar nuevamente sus dientes.

Esta transformación ocurre, además, en un momento de creciente competencia mundial por recursos estratégicos. El deshielo del Ártico abre nuevas rutas comerciales y facilita el acceso a minerales que durante siglos permanecieron protegidos por el hielo. La transición energética incrementa la demanda de litio, cobre, cobalto, níquel y tierras raras. La inteligencia artificial necesita cantidades inmensas de electricidad, agua, centros de datos y materiales.

La supuesta economía inmaterial depende de territorios muy materiales.

Cada algoritmo necesita energía. Cada automóvil eléctrico necesita minerales. Cada centro de datos consume agua. Cada dispositivo que promete liberarnos de las limitaciones físicas está conectado a minas, puertos, cables, fábricas y comunidades concretas.

Por eso Groenlandia no es solamente un capricho extravagante. Es una señal. El territorio vuelve a ocupar el centro de la política internacional porque el sistema económico global ha comenzado a enfrentar los límites físicos del planeta.

Durante décadas se nos prometió que la globalización superaría las viejas disputas territoriales. Las fronteras perderían importancia, el comercio uniría a los pueblos y la tecnología nos permitiría crecer indefinidamente. Sin embargo, cuando los recursos se vuelven escasos y el clima altera las condiciones de vida, las potencias regresan a los mapas.

Y en esos mapas no todos aparecen como miembros iguales de la tripulación.

Algunos pueblos son tratados como pasajeros con derecho a decidir la ruta. Otros son considerados carga, mano de obra, reservas minerales o territorios sacrificables. Algunos países pueden intervenir lejos de sus fronteras en nombre de su seguridad; otros son sancionados, invadidos o aislados cuando intentan ejercer soberanía.

La nave es compartida, pero el puente de mando continúa secuestrado.

El riesgo de esta nueva época no consiste únicamente en que Estados Unidos retome formas clásicas de expansión territorial. El peligro mayor es que la competencia por recursos naturales, agua, energía y posiciones estratégicas reactive una lógica semejante a la que precedió las grandes guerras del siglo XX.

Las potencias comienzan a mirar el planeta como un tablero dividido en zonas de influencia. Los territorios dejan de ser hogares y vuelven a convertirse en premios. Las comunidades que los habitan son tratadas como obstáculos administrativos. La fuerza militar reaparece como argumento principal.

Cuando el mundo se organiza bajo esa lógica, la guerra deja de ser una excepción. Se convierte en el método mediante el cual el sistema distribuye lo que ya no puede repartir pacíficamente.

La historia de Filipinas debería servirnos como advertencia. Un pueblo puede ser invitado a luchar en nombre de su libertad y, una vez debilitado el antiguo poder colonial, descubrir que su aliado sólo esperaba ocupar el lugar del antiguo dueño.

Los imperios rara vez se presentan como conquistadores. Llegan hablando de orden, protección, democracia, civilización, inversión o seguridad. Cambian las palabras, pero la pregunta permanece: ¿quién decide sobre el territorio y quién recibe sus beneficios?

El imperialismo no es solamente una política exterior. Es una forma de imaginar el planeta. Divide a la humanidad entre quienes poseen capacidad de intervenir y quienes deben aceptar las intervenciones; entre quienes administran los recursos y quienes viven sobre ellos; entre quienes producen las reglas y quienes padecen sus consecuencias.

Por eso no basta con denunciar a Trump ni esperar que otro presidente restaure una versión más elegante del mismo orden. El problema es más profundo. Mientras el mundo siga organizado como una competencia por acumular territorios, mercados y recursos, las potencias continuarán buscando nuevas maneras de ocultar el imperio.

A veces lo harán mediante colonias.

A veces mediante bases militares.

A veces mediante deudas, sanciones y tratados.

Y otras veces, cuando las formas sutiles ya no parezcan suficientes, volverán a hablar abiertamente de anexión.

Frente a ese horizonte, la tarea no consiste en elegir qué imperio administrará mejor la nave. Consiste en recuperar la idea de que ningún país, empresa o individuo tiene derecho a apropiarse del puente de mando.

La Tierra no es un territorio disponible para el vencedor de turno. No es una propiedad inmobiliaria flotando en el universo ni una reserva de recursos esperando ser explotada. Es el único hogar conocido de una comunidad de vida frágil, interdependiente y diversa.

La humanidad tendrá que decidir si continúa comportándose como un conjunto de conquistadores disputándose las habitaciones de una nave incendiada o si finalmente aprende a reconocerse como tripulación.

Porque, aunque algunos se hayan declarado propietarios del barco, el viaje sigue siendo de todos.