Chadwick negó haberse reunido con Guerra cuando este era fiscal, salvo en una actividad oficial. Guerra, en cambio, habló de cinco o seis encuentros. Los chats agregan otra capa: muestran que Hermosilla informaba al exministro sobre conversaciones con el exfiscal y que, en algunos intercambios, Chadwick daba instrucciones. Cuando el diálogo se ponía delicado, aparecía una frase que hoy pesa: “sigamos por Telegram”. Allí podría estar parte de la historia que aún no conocemos.

El nudo más difícil sigue siendo la llegada de Guerra a la Universidad San Sebastián en 2021. La fiscalía investiga si ese empleo fue el cobro de un supuesto “crédito corruptivo”: favores prestados desde un cargo público y recompensados después. Los mensajes apuntan hacia Chadwick, pero Carrera reconoce que todavía no hay prueba suficiente para sostener que él consiguió la contratación. Luis Cordero, quien concretó el vínculo, murió y ya no puede declarar. Para la fiscalía, los hechos forman una secuencia y las actuaciones posteriores podrían evitar la prescripción.

El tribunal autorizó revisar mensajes relacionados con Guerra, Chadwick y varias instituciones, pero rechazó abrir conversaciones sobre otros “sujetos de interés” y causas de alta connotación pública. Su argumento es importante: nadie puede quedar bajo una investigación secreta sin tener derecho a defenderse. La justicia debe avanzar, pero sin convertirse en aquello mismo que pretende perseguir.

Aun con esas cautelas, Chadwick aparece políticamente empantanado. Eso no significa que su responsabilidad penal esté probada; significa que su nombre vuelve al centro de una red donde políticos, abogados y fiscales parecían conversar con una confianza que el chileno común jamás tendría frente al poder. La impresión que dejan estos antecedentes es oscura: una élite de derecha moviéndose como si el país fuera el patio de su casa y como si fiscales, policías e instituciones fueran piezas disponibles en su tablero. Es una interpretación política, pero nace de chats, contradicciones y favores que la fiscalía debe esclarecer.

Mientras la mayoría hace filas, paga multas, cumple plazos y enfrenta sola cualquier error, los poderosos parecen haber tenido teléfonos directos, puertas laterales y amigos bien ubicados. Por eso este caso importa. No se trata solamente de Chadwick, Guerra o Hermosilla, sino de saber si en Chile la ley alcanza de verdad a quienes aprendieron a vivir por encima de ella.