La experta sostiene que varias conductas ya habían sido revisadas mediante procedimientos disciplinarios y que ahora vuelven a juzgarse bajo el artículo 80 de la Constitución. Esa norma exige “buen comportamiento”, pero no precisa qué significa ni cuándo una falta justifica expulsar a un juez. Los magistrados deben demostrar su “idoneidad” para continuar y no contarían con una apelación. En simple: se abrió un camino extraordinario y de límites borrosos para revisar en masa situaciones distintas.

Aquí hay que hablar claro. Una licencia utilizada para irse de vacaciones al extranjero, cuando el viaje contradice el reposo indicado, es una burla a los trabajadores que sí cumplen y al sistema que todos financiamos. Debe investigarse y, si se acredita, sancionarse. Pero salir del país no prueba por sí solo un fraude. Existen licencias psiquiátricas compatibles con determinadas actividades y personas que deben realizarse exámenes, cirugías o tratamientos afuera. Mezclar todo en un mismo saco puede servir para el titular, pero es flojo para la justicia. Cada caso exige antecedentes, contexto, defensa y una decisión fundada.

También incomoda el orden de las prioridades. El Poder Judicial llega a esta crisis con su imagen enlodada por escándalos más graves, donde han aparecido redes de influencia, favores y cercanía entre personas poderosas. Si de verdad se busca recuperar la confianza, corresponde perseguir primero y con mayor fuerza las conductas que pudieron torcer decisiones, proteger intereses o usar cargos públicos para beneficio privado. Cuesta celebrar una limpieza masiva por licencias mientras el país todavía espera respuestas frente a quienes pudieron manipular la justicia desde sus oficinas, amistades o teléfonos.

La pregunta incómoda queda abierta: ¿por qué se reabren ahora 56 casos ya revisados?, ¿qué originó esta ofensiva y a quién beneficia?, ¿es un esfuerzo serio por ordenar la casa o una demostración rápida de autoridad para calmar la indignación? Preguntar esto no equivale a defender abusos. Significa exigir que las faltas sean probadas y que las sanciones alcancen primero a quienes causaron el mayor daño.

Una justicia limpia no se construye castigando al lote ni cambiando las reglas cuando el escándalo ya estalló. Se construye investigando caso a caso, respetando la defensa y aplicando criterios conocidos para todos. Sin privilegios para los jueces, pero tampoco con tribunales de excepción. Porque cuando el debido proceso se vuelve optativo, mañana cualquier persona común puede terminar pagando la cuenta.