Puede leerse como una decisión necesaria frente a una controversia que había escalado demasiado. Incluso desde el oficialismo se ha presentado la salida como demostración de un estándar de probidad presidencial. Esa interpretación merece ser considerada: cuando una autoridad pierde la confianza política o aparecen antecedentes incompatibles con el estándar esperado, apartarla del cargo puede ser precisamente lo que corresponde.

Pero existe otra pregunta, bastante más incómoda.

¿Cuántas veces puede un gobierno corregir sus propios nombramientos antes de que el problema deje de estar exclusivamente en quienes salen y comience a estar también en quienes los eligieron?

Mucho más que un automóvil fiscal

El episodio que terminó precipitando la salida de Duco ocurrió meses atrás.

El 23 de abril, un vehículo fiscal fue utilizado para trasladarse hasta una actividad realizada en la casa de una exfuncionaria del Ministerio del Deporte. El desplazamiento quedó registrado en la bitácora institucional. La actividad había sido presentada ante Contraloría como una reunión de trabajo, pero posteriormente aparecieron registros de una celebración que incluía asado y karaoke. La Contraloría abrió una investigación y la controversia terminó alcanzando directamente a la conducción política del ministerio.

Si se acredita un uso irregular de recursos públicos, aquello debe investigarse y eventualmente sancionarse. Los vehículos fiscales no son una extensión de los automóviles particulares de las autoridades. Son bienes del Estado y existen reglas precisamente porque los recursos públicos no pertenecen al gobierno de turno.

Pero reducir toda la crisis a ese automóvil sería perder de vista el cuadro completo.

Duco llegó al gabinete cargando antecedentes ampliamente conocidos. Su trayectoria deportiva incluía una sanción por dopaje; posteriormente enfrentó cuestionamientos por el cobro de la beca Proddar. Ya como ministra protagonizó controversias relacionadas con el rodeo y con la utilización del Estadio Nacional para el concierto de BTS, entre otros episodios que fueron erosionando políticamente su gestión.

Ninguno de esos antecedentes apareció repentinamente esta semana.

Y ahí comienza el problema del Gobierno.

El derecho a equivocarse no puede convertirse en método

Todos los gobiernos cometen errores.

Todos nombran alguna autoridad que finalmente no funciona. Todos enfrentan renuncias, crisis internas y situaciones imposibles de prever. Pretender que una administración complete cuatro años sin cambios sería absurdo.

La estabilidad tampoco puede transformarse en una excusa para mantener autoridades cuando existen razones suficientes para removerlas.

Pero existe una diferencia entre corregir un error y gobernar mediante una sucesión de errores corregidos.

Según el recuento publicado por El Desconcierto, con las salidas del Ministerio del Deporte ya serían 42 autoridades las que han dejado la administración en sus primeros cinco meses. Duco, además, es la tercera ministra que abandona el gabinete desde marzo.

El número requiere contexto: no todas esas salidas tienen la misma importancia, no todas responden a escándalos y sería injusto sumar subsecretarios, asesores y ministros como si cada caso demostrara exactamente el mismo fenómeno.

Pero 42 salidas en cinco meses tampoco pueden tratarse como ruido administrativo.

Existe una cuestión elemental de seriedad institucional.

Cuando un Presidente nombra a un ministro no está contratando simplemente a un gerente. Le entrega autoridad política, presupuesto público, capacidad reglamentaria y responsabilidad sobre una estructura completa del Estado.

Por eso una designación ministerial supone algo anterior al anuncio: revisión de antecedentes, evaluación política, compatibilidad con el programa, capacidades técnicas y juicio respecto de los riesgos previsibles.

Cuando los problemas se multiplican, corresponde preguntarse si esos filtros están funcionando.

El costo que casi nunca aparece en la discusión

Hay además una dimensión menos espectacular que las polémicas televisivas, pero probablemente más importante.

Cada vez que cambia abruptamente una autoridad superior, el Estado paga un costo de gestión.

Equipos que estaban trabajando con determinadas prioridades deben adaptarse. Decisiones quedan suspendidas. Nuevas autoridades necesitan semanas para comprender presupuestos, programas, funcionarios, compromisos, licitaciones y conflictos pendientes. Las organizaciones relacionadas con el ministerio deben reconstruir interlocuciones.

Ahora Deportes vuelve a comenzar parcialmente ese proceso.

El Presidente nombró este viernes como nuevo ministro al abogado Francisco Riveros Cantuarias, quien se desempeñaba como asesor presidencial y anteriormente tuvo experiencia vinculada a Palestino y a la organización de Santiago 2023.

Corresponderá evaluar su desempeño por lo que haga desde ahora.

Pero el problema institucional permanece.

Chile no puede acostumbrarse a que los ministerios funcionen como estaciones de paso.

Probidad después del problema

El oficialismo tiene un argumento atendible.

Si Kast aceptó las renuncias, podría sostenerse que precisamente está demostrando que nadie es indispensable y que existe un estándar frente a situaciones que comprometen al Gobierno.

Es mejor eso que proteger indefinidamente a una autoridad cuestionada.

Pero la probidad tiene al menos dos momentos.

El primero ocurre cuando aparece una irregularidad y el Gobierno reacciona.

El segundo ocurre mucho antes: cuando se seleccionan las personas que administrarán el Estado y se construyen mecanismos capaces de prevenir esas irregularidades.

Un gobierno serio necesita ambos.

No basta con demostrar capacidad para despedir. También debe demostrar capacidad para seleccionar, conducir y anticiparse.

Por eso presentar cada salida exclusivamente como una demostración de autoridad presidencial corre el riesgo de producir una paradoja: mientras más funcionarios deben ser removidos, más firme parecería el Presidente.

No funciona así.

Llegado cierto punto, una cadena de destituciones deja de demostrar solamente exigencia hacia los subordinados y empieza a plantear preguntas sobre la conducción superior.

Cinco meses son pocos. Precisamente por eso preocupa

El Gobierno de José Antonio Kast recién comienza.

Ese hecho puede utilizarse para relativizar las dificultades: toda administración necesita instalarse, conformar equipos y aprender a gobernar.

Pero también puede interpretarse exactamente al revés.

Cinco meses son muy pocos para acumular este nivel de rotación.

Los primeros meses deberían ser precisamente aquellos donde un gobierno cuenta con mayor capacidad de planificación. Viene de una campaña presidencial, dispone del período entre la elección y el cambio de mando y tiene la oportunidad de preparar previamente sus principales equipos.

Por eso los errores tempranos son particularmente significativos.

No necesariamente anticipan el destino completo de una administración. Sería prematuro afirmar que estas crisis determinarán los próximos años.

Pero sí constituyen una advertencia.

Gobernar Chile exige mucho más que ganar una elección.

Requiere construir equipos capaces de permanecer, conocer el aparato público, resistir fiscalización, ejecutar políticas y comprender algo tan básico como que los recursos fiscales pertenecen a todos.

No es un problema de derecha o izquierda

Aquí conviene escapar también de una tentación frecuente.

Cuando gobierna el adversario, cada renuncia parece demostrar una crisis terminal. Cuando gobierna el propio sector, la misma renuncia se transforma mágicamente en una demostración de altos estándares.

Ambas lecturas son demasiado cómodas.

Chile necesita aplicar el mismo criterio independientemente del color político del Ejecutivo.

Si una ministra debe salir frente a antecedentes suficientemente graves, que salga.

Si Contraloría debe investigar, que investigue.

Si no existió irregularidad, que aquello también quede establecido.

Pero paralelamente debemos exigir explicaciones sobre la calidad de los nombramientos, los mecanismos de control interno y la estabilidad de quienes administran instituciones públicas.

Porque las autoridades cambian.

El Estado permanece.

La seriedad también consiste en no llegar hasta aquí

Natalia Duco ya dejó el Ministerio del Deporte. Andrés Otero también.

La discusión política rápidamente avanzará hacia sus reemplazantes y, como ocurre tantas veces en Chile, dentro de algunos días otra noticia probablemente desplazará ésta.

Sería un error cerrar el episodio de esa manera.

La pregunta relevante no consiste solamente en determinar qué hizo Duco con un automóvil fiscal.

La pregunta verdaderamente política es qué está ocurriendo dentro de una administración que, en apenas cinco meses, ha debido enfrentar una sucesión considerable de salidas.

Un Presidente tiene derecho a cambiar de opinión. Tiene derecho a equivocarse. Incluso tiene la obligación de remover a sus colaboradores cuando dejan de cumplir los estándares necesarios.

Lo que ningún gobierno debería normalizar es la improvisación.

Porque gobernar no consiste en nombrar autoridades hasta encontrar las que funcionen.

Gobernar consiste precisamente en construir las condiciones para que el Estado funcione incluso cuando las cámaras se apagan, cuando termina la campaña y cuando las decisiones dejan de ser discursos para convertirse en administración cotidiana.

La salida de Natalia Duco puede ser una corrección necesaria.

Pero cuando las correcciones comienzan a acumularse, la seriedad obliga a mirar no solamente a quien abandona La Moneda, sino también al sistema político que la puso allí.

Y esa pregunta, después de apenas cinco meses de gobierno, ya merece una respuesta.