Durante la campaña senatorial de 2025, la entonces diputada Camila Flores, de Renovación Nacional, habría participado en una reunión con el empresario Luis Villa Villar en un restaurante de Viña del Mar.

Según el relato entregado por Villa, el objetivo del encuentro era explorar posibles aportes de empresarios chinos a la candidatura. La senadora niega haberse reunido con él y también desconoce haber solicitado los servicios de impresión que terminaron revelando el episodio.

El encuentro adquirió relevancia pública después de que un familiar de Villa iniciara una acción judicial para cobrar más de $18 millones por la impresión de 40 mil imanes publicitarios destinados a la campaña de Flores. Aunque la parlamentaria negó haber contratado el trabajo, existen registros que mostrarían a un carabinero de la Dirección de Protección de Personas Importantes asignado a su seguridad retirando parte del material desde la imprenta en un vehículo de uso parlamentario. BioBioChile

La controversia no se limita al pago de la propaganda. También abre preguntas sobre la identidad, los intereses y las actividades de quienes habrían intentado financiarla.

El socio de Luis Villa

Una investigación de CIPER revisó las trece sociedades inscritas por Luis Villa en el Diario Oficial. Entre ellas identificó una empresa constituida en marzo de 2022 junto con el ciudadano chino Haiwei Xu.

La sociedad, denominada Administradora de Establecimientos Comerciales SpA, pertenece en un 95% a Xu y mantiene vigente su inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Su última actividad tributaria registrada corresponde a 2024.

Xu ocupa además la vicepresidencia ejecutiva de la Asociación de Qingtian en Lishui-Chile, una organización de empresarios chinos presidida por Zhengbo Xu, vinculado a un proyecto cultural y comercial de gran escala en el barrio Meiggs.

El antecedente adquiere relevancia porque Haiwei Xu ha sido investigado en distintas causas relacionadas con casinos clandestinos, contrabando, soborno y el presunto secuestro de un trabajador. Sin embargo, esas investigaciones no derivaron en condenas en su contra: algunas fueron cerradas mediante decisiones de no perseverar, salidas alternativas o acuerdos reparatorios.

Por lo tanto, haber sido investigado no permite afirmar su culpabilidad ni presentarlo como condenado por esos hechos.

Una conexión indirecta con Ping Lin

CIPER también identificó una conexión societaria indirecta entre Haiwei Xu y Ping Lin, empresario acusado por el Ministerio Público de liderar una organización criminal de origen chino.

Dos socios comerciales de Xu participan, al mismo tiempo, en una empresa constituida con Ping Lin en 2020. El domicilio de esa sociedad coincide con el de un local de juegos de azar y máquinas tragamonedas situado en la comuna de Lautaro.

Ping Lin enfrenta una acusación por trata de personas con fines de explotación sexual, narcotráfico y tenencia ilegal de armas. La Fiscalía solicitó para él una pena total de 55 años de cárcel. Se trata de una acusación pendiente de resolución judicial y no de una condena definitiva.

Un reportaje de Informe Especial señaló anteriormente que una denunciante identificó a dos empresarios como presuntos jefes de una organización que operaba en Estación Central. Según ese programa, uno de ellos habría sido identificado por la PDI como Haiwei Xu.

CIPER consultó a la Fiscalía Supraterritorial para confirmar si Xu mantiene esa condición dentro de alguna investigación. El organismo no respondió antes de la publicación del reportaje. Por ello, esa atribución no cuenta hasta ahora con confirmación oficial del Ministerio Público.

La existencia de socios compartidos tampoco demuestra, por sí sola, que Xu participe en los delitos atribuidos a Ping Lin. Sí permite establecer que sus redes comerciales se cruzan y justifica examinar con mayor atención el origen de los posibles aportes electorales ofrecidos por Villa.

Casinos clandestinos y un trabajador encerrado

En diciembre de 2022, Carabineros ingresó a un establecimiento comercial de Los Andes vinculado con Haiwei Xu. El recinto había sido clausurado por funcionar con 65 máquinas de juegos de azar sin contar con la patente correspondiente.

En su interior, la policía encontró a un trabajador de nacionalidad china en una habitación oculta, tendido sobre un colchón. De acuerdo con la investigación, el acceso se encontraba detrás de las máquinas y la puerta solo podía abrirse desde el interior del establecimiento.

Xu fue formalizado por secuestro. La Fiscalía sostuvo entonces que el trabajador no podía abandonar el recinto. El empresario explicó que desconocía que el hombre permaneciera en el interior cuando las autoridades instalaron los sellos de clausura.

En julio de 2025, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar, dejó sin efecto la formalización y levantó las medidas cautelares. La causa, por tanto, no terminó con una condena.

Luis Villa también había sido encontrado anteriormente en ese establecimiento. En su declaración explicó que asesoraba a ciudadanos chinos en la obtención de documentos, patentes comerciales y otras gestiones necesarias para instalar sus negocios en Chile.

La Fiscalía investigó la rotura de los sellos del local, pero no logró acreditar la responsabilidad de Villa. El Juzgado de Garantía de Los Andes lo sobreseyó en 2024.

La frase que explica el problema

Villa ha reconocido públicamente que su trabajo consiste en facilitar trámites ante instituciones chilenas para empresarios chinos. También sostuvo que estos empresarios buscan ayudar a personas dedicadas a la política porque una relación con las autoridades podría facilitar posteriormente sus gestiones.

Al explicar a BioBioChile ese interés, utilizó una frase reveladora:

“No es lo mismo cuando un documento queda abajo del escritorio a que quede arriba”.

La expresión no demuestra que Camila Flores haya aceptado dinero ni realizado gestiones posteriores a favor de los empresarios. Tampoco existe confirmación de que los aportes mencionados por Villa llegaran efectivamente a la campaña.

Pero sí expone la lógica que, según el propio intermediario, motivaría ese financiamiento: establecer una relación de acceso con una futura autoridad.

La legislación chilena permite que personas naturales realicen aportes electorales dentro de los límites y mecanismos regulados por el Servicio Electoral. Lo problemático aparece cuando un aporte busca mantenerse fuera de los registros, proviene realmente de terceros o pretende obtener decisiones favorables de una autoridad.

Lo probado y lo pendiente

Hasta ahora se ha establecido que Luis Villa y Haiwei Xu constituyeron una sociedad; que Xu comparte socios con Ping Lin; que Villa asegura haber gestionado una reunión para ofrecer aportes a la candidatura, y que material electoral de Flores fue retirado desde la imprenta que posteriormente exigió su pago.

No se ha demostrado que Camila Flores recibiera aportes ilegales, que conociera los antecedentes judiciales de Villa o Xu, ni que realizara gestiones para favorecerlos. La parlamentaria negó la reunión y su equipo declinó responder nuevas consultas de CIPER.

Villa, Xu y sus representantes legales tampoco entregaron una versión para el reportaje. CIPER

POR QUÉ IMPORTA

La investigación muestra una zona especialmente vulnerable de la democracia: la relación entre financiamiento electoral, intermediarios privados y personas que buscan acceso al poder político.

El asunto central no es la nacionalidad de los empresarios involucrados. Es la posibilidad de que recursos privados sean utilizados para construir relaciones privilegiadas con autoridades, obtener mayor rapidez en trámites o influir sobre decisiones públicas.

LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS

Falta establecer si los empresarios mencionados financiaron efectivamente material o actividades de campaña; quién encargó los 40 mil imanes; cómo fueron declarados ante el Servicio Electoral y si existió alguna gestión posterior de la senadora en favor de Villa, Xu o sus asociados.