Atraer inversión ya no basta

La controversia en torno a la llamada Ley Quiroz parece desenvolverse en un territorio conocido: impuestos, déficit fiscal, permisos, invariabilidad tributaria, regulación y estímulos para la inversión. En el Senado, el proyecto terminó incorporando distintos períodos de estabilidad tributaria según el tamaño de la inversión —10, 15 y 20 años— y una tasa adicional de 1,5% para las empresas que se acojan al régimen. Tras su aprobación en la Cámara Alta, la iniciativa regresó a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite.

Pero bajo esa discusión técnica se esconde una pregunta mucho más profunda:

¿Para qué quiere Chile atraer inversión y qué lugar espera ocupar con ella en el mundo que está naciendo?

El problema no consiste solamente en determinar cuánto debe pagar una gran empresa, durante cuántos años conservará sus condiciones tributarias o cuánto tardará el Estado en otorgarle una autorización. La verdadera controversia es que Chile continúa interpretando la economía internacional mediante las categorías que explicaron el éxito de la hiperglobalización, aunque el principio que organiza actualmente el poder mundial ya cambió.

Lo decisivo no es que esas condiciones hayan dejado de ser necesarias.

Lo decisivo es que ya no bastan.

La crisis financiera de 2008, la pandemia, la rivalidad entre Estados Unidos y China, el retorno de la política industrial, las guerras comerciales y la militarización de las rutas energéticas no son accidentes independientes. Son señales de una transformación estructural: la interdependencia dejó de ser entendida solamente como una fuente de eficiencia y comenzó a ser utilizada también como un instrumento de poder.

Las mismas redes que durante décadas transportaron mercancías, capitales, datos y energía comenzaron a ser vistas como infraestructuras de seguridad, coerción y vulnerabilidad.

Quien controla un puerto puede retrasar una cadena industrial.

Quien domina una plataforma de pagos puede excluir a una economía.

Quien fabrica los semiconductores avanzados puede condicionar el desarrollo tecnológico de sus competidores.

Quien administra los cables, los satélites, las reservas minerales o las rutas energéticas no controla solamente un negocio: ocupa una posición desde la cual puede afectar el funcionamiento del conjunto.

El estrecho de Ormuz constituye la demostración más visible de esta realidad. Su importancia no proviene de su extensión física, sino del volumen de energía que depende de ese corredor y de la dificultad de sustituirlo. Cuando el tránsito se interrumpe, la conmoción no queda atrapada entre las costas de Irán y Omán. Se propaga hacia el precio del petróleo, la inflación, las tasas de interés, las monedas y las decisiones de inversión de países ubicados a miles de kilómetros. La crisis de 2026 volvió a mostrar que una alteración en ese punto puede comprometer la seguridad energética mundial y golpear con mayor fuerza a las economías más vulnerables.

La geografía nunca desapareció. Solo quedó cubierta por una capa de discursos sobre mercados sin fronteras.

Vista desde la topología de redes, Ormuz es un cuello de botella: un punto pequeño cuya caída puede afectar a todo el sistema. La misma lógica se repite en los semiconductores, los cables submarinos, las plataformas financieras, las tierras raras, las redes eléctricas, los centros de datos y las grandes infraestructuras logísticas.

En este nuevo escenario, los países ya no compiten únicamente por atraer capital.

Compiten por convertirse en nodos indispensables.

Esa diferencia modifica el significado de la política económica. Un país que se limita a ofrecer bajos impuestos, reglas estables y recursos abundantes puede recibir inversiones, aumentar sus exportaciones e incluso crecer durante un tiempo. Pero seguirá siendo reemplazable si no desarrolla capacidades que el resto de la red necesite.

Puede poseer el mineral y no dominar su refinación.

Puede generar la energía y no fabricar la tecnología que la utiliza.

Puede albergar centros de datos y no controlar los algoritmos, las plataformas ni el conocimiento que circula por ellos.

Puede extraer cobre o litio durante décadas sin construir una industria capaz de sobrevivir cuando cambien los precios, la tecnología o las prioridades de las grandes potencias.

El mundo ya comenzó a responder a esta transformación.

Estados Unidos, que durante décadas promovió la liberalización de los mercados y la deslocalización productiva, volvió a utilizar subsidios, compras públicas, controles de exportación y argumentos de seguridad nacional para reconstruir su capacidad industrial. A través del programa CHIPS for America, el Estado federal ha destinado decenas de miles de millones de dólares a recuperar la fabricación de semiconductores, fortalecer sus proveedores y proteger su liderazgo tecnológico. La estabilidad macroeconómica no desapareció, pero quedó subordinada a un objetivo superior: conservar capacidades sin las cuales el país podría perder autonomía y poder.

La Unión Europea recorrió un camino similar. El lenguaje de la integración económica comenzó a convivir con conceptos como seguridad económica, resiliencia industrial, autonomía estratégica y soberanía tecnológica. La estrategia europea identifica como riesgos la fragilidad de las cadenas de suministro, los ataques a infraestructuras críticas, la fuga de tecnologías y la utilización de las dependencias económicas como mecanismos de coerción.

Japón también reorganizó sus prioridades. Semiconductores, inteligencia artificial y baterías dejaron de ser considerados sectores industriales convencionales. Pasaron a formar parte de una estrategia que combina competitividad, seguridad económica, producción nacional, investigación y coordinación entre el Estado y las empresas. En 2026, el Gobierno japonés volvió a profundizar esta orientación, vinculando explícitamente el fortalecimiento de sus industrias tecnológicas con los puntos críticos de las cadenas de suministro y con la necesidad de capturar mercados de mayor valor agregado.

Australia y Canadá ofrecen ejemplos especialmente relevantes para Chile. Ambos poseen economías intensivas en recursos naturales, pero sus estrategias de minerales críticos no se limitan a incrementar la extracción. Incluyen procesamiento, refinación, innovación, infraestructura, manufactura, reciclaje, seguridad económica y alianzas internacionales. No quieren ser únicamente el lugar donde comienza la cadena, sino participar en los eslabones donde se concentra el conocimiento y se distribuye el poder.

La diferencia no está en la naturaleza de sus montañas.

Está en la forma en que decidieron leerlas.

Chile, en cambio, continúa discutiendo principalmente las condiciones mediante las cuales el capital puede ingresar con mayor facilidad. Permisos más rápidos, menores impuestos, certidumbre jurídica, disciplina fiscal y estabilidad prolongada.

Todas estas variables son importantes. Un Estado desordenado, arbitrario o incapaz de resolver autorizaciones no produce desarrollo: produce desconfianza, captura y estancamiento. Sería absurdo negar la necesidad de reglas claras o presentar toda inversión privada como una amenaza.

Pero esas herramientas responden solamente a una parte del problema. Explican cómo participar eficientemente en mercados cuya arquitectura fue diseñada por otros. No explican cómo modificar nuestra posición dentro de ellos.

Aquí aparece el desfase central de la llamada Ley Quiroz.

La invariabilidad tributaria reduce el riesgo de los grandes proyectos. La rebaja de impuestos mejora su rentabilidad esperada. La simplificación regulatoria acelera las decisiones de inversión. Son mecanismos destinados a facilitar el acceso del capital a la economía chilena.

La pregunta que permanece sin respuesta es otra:

¿Qué deberá dejar esa inversión en Chile, además de impuestos, empleo y producción?

No es equivalente atraer capital para ampliar la extracción de materias primas que utilizarlo para desarrollar refinación, investigación aplicada, proveedores tecnológicos, infraestructura energética, manufactura avanzada, servicios especializados o capacidades científicas regionales.

Ambos caminos pueden aumentar el producto durante algunos años.

Solo uno altera la posición del país dentro de la red internacional de creación de valor.

La diferencia puede parecer abstracta hasta que se observa un territorio concreto. Una gran inversión minera puede instalarse en una región, extraer recursos durante décadas y exportarlos casi sin transformación. Puede contratar trabajadores, pagar tributos y dinamizar servicios locales. Todo ello importa.

Pero si sus equipos son importados, sus tecnologías pertenecen a empresas extranjeras, sus decisiones se toman fuera del país, sus proveedores más complejos se encuentran en otros continentes y el conocimiento generado no se transfiere, la región seguirá ocupando una posición periférica. Habrá recibido actividad económica, pero no necesariamente poder productivo.

Cuando la mina cierre, el territorio puede descubrir que fue utilizado como una estación de carga y no como un lugar donde se construyó futuro.

Por eso la discusión sobre invariabilidad tributaria no puede agotarse en determinar si el beneficio durará diez, quince o veinte años. Tampoco en calcular cuánto deberá pagar una empresa por acceder a él. Esas son preguntas jurídicas y fiscales legítimas, pero incompletas.

Lo fundamental es definir la contraprestación estratégica.

Si el Estado ofrece estabilidad durante dos décadas, no debería recibir solamente una sobretasa financiera. Debería exigir una contribución verificable al desarrollo de capacidades nacionales: transferencia tecnológica, formación de trabajadores especializados, investigación conjunta con universidades, encadenamientos con pequeñas y medianas empresas, infraestructura de uso compartido, procesamiento local, empleo altamente calificado y fortalecimiento de los ecosistemas regionales de conocimiento.

No como una lista ornamental de buenas intenciones.

Como parte del contrato.

Una empresa que recibe certidumbre extraordinaria debe asumir responsabilidades extraordinarias con el territorio que hace posible su rentabilidad.

Aquí el debate económico se encuentra con el espíritu de Tripulación Tierra. Tal como se plantea en el capítulo 1, “La pregunta por el mundo”, no existen divisiones reales entre ética y economía, política y territorio, mercado y comunidad. Todo forma parte de una misma manera de organizar la vida. El capítulo describe una estructura centro-periferia en la que América Latina permanece como proveedora de materias primas, mientras la riqueza y el conocimiento se concentran lejos de los territorios que sostienen materialmente esa prosperidad.

Y hacia el final del libro aparece una frase que debería ocupar un lugar central en esta discusión:

“El mercado no es destino: es herramienta”.

No se trata de destruirlo, expulsar la inversión o imaginar que el Estado puede reemplazar por decreto todo el conocimiento, la iniciativa y la capacidad productiva del sector privado. Se trata de recordar que una herramienta debe responder a un propósito colectivo y no transformarse en el piloto automático de la sociedad.

El mercado puede ayudarnos a navegar, pero no puede decidir por sí solo hacia dónde debe dirigirse la nave.

La tarea del Estado no consiste únicamente en mantener la cubierta ordenada para que otros lleguen a extraer lo que necesitan. Debe comprender las corrientes, anticipar las tormentas, proteger a la tripulación y decidir qué capacidades serán necesarias cuando el paisaje internacional vuelva a cambiar.

Eso requiere una política económica más compleja que la simple oposición entre mercado y planificación centralizada. Chile no necesita escoger entre cerrar sus fronteras o entregarse pasivamente al capital global. Necesita aprender a negociar desde una idea de futuro.

Puede ofrecer estabilidad, pero a cambio de conocimiento.

Puede facilitar inversiones, pero vinculándolas con proveedores nacionales.

Puede acelerar permisos, sin convertir la protección ambiental en un obstáculo prescindible.

Puede utilizar sus minerales para insertarse en la transición energética, pero sin repetir bajo un vocabulario verde la misma relación extractiva del siglo pasado.

Porque no toda inversión verde es necesariamente justa.

Una faena puede producir minerales para automóviles eléctricos mientras agota el agua de una comunidad.

Un centro de datos puede sostener la inteligencia artificial mundial mientras tensiona la red eléctrica de la ciudad que lo alberga.

Una planta energética puede reducir emisiones globales y, al mismo tiempo, concentrar localmente sus impactos.

La transición no consiste solamente en cambiar la fuente de energía. También debe cambiar la distribución del poder, los beneficios y los costos.

Tripulación Tierra advierte que las crisis climática, económica, energética, alimentaria y social no pueden seguir siendo tratadas como fenómenos independientes. Todas se encuentran atravesadas por una misma estructura de acumulación y por una responsabilidad profundamente asimétrica: quienes menos participan de las decisiones suelen pagar las consecuencias más duras.

La política industrial chilena, por tanto, no puede limitarse a buscar una posición más rentable dentro del extractivismo. Debe preguntarse qué formas de vida, comunidades y territorios está protegiendo mientras construye nuevas capacidades.

El objetivo no debería ser convertirse en un nodo indispensable a cualquier precio.

Debería serlo mediante una estrategia que combine poder productivo, conocimiento, democracia territorial y cuidado ecológico.

Chile posee cobre, litio, energías renovables, acceso al Pacífico, capacidad científica, estabilidad institucional y una extensa red de acuerdos comerciales. Pero los recursos no se transforman espontáneamente en desarrollo. Entre la materia prima y la soberanía existe una distancia llamada estrategia.

La verdadera riqueza no está únicamente bajo el suelo.

Está en la capacidad de aprender a partir de ella.

En las universidades que investigan.

En los trabajadores que dominan nuevas técnicas.

En los proveedores que dejan de vender servicios básicos y comienzan a producir soluciones exportables.

En las regiones que no reciben solamente compensaciones, sino centros tecnológicos, infraestructura y nuevas oportunidades.

En la posibilidad de que, cuando una empresa abandone el territorio, quede algo más que un agujero, una carretera y una memoria estadística del crecimiento.