El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 26 de octubre la audiencia de formalización de Luis Hermosilla en la investigación sobre la actuación del exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra.

Según la solicitud presentada por el fiscal Mario Carrera, Hermosilla será formalizado por los delitos de cohecho agravado, soborno y violación de secreto. La investigación sostiene que, entre 2016 y 2023, Guerra le habría entregado información reservada sobre causas que estaban bajo su conocimiento y que involucraban a personas cercanas al abogado.

La Fiscalía también indaga si el entonces fiscal favoreció a imputados en investigaciones relacionadas con figuras políticas del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Entre las causas examinadas aparecen Penta, Dominga, Exalmar y otros procesos de alta relevancia pública.

Hermosilla no enfrentará por primera vez a la justicia. Ya está formalizado en otras aristas del caso que lleva su nombre y actualmente cumple arresto domiciliario. La nueva audiencia busca establecer judicialmente su eventual responsabilidad dentro de una relación que, según los investigadores, habría combinado acceso privilegiado, intercambio de información y favores institucionales.

La relación entre Guerra, Hermosilla y Chadwick

Manuel Guerra fue formalizado en marzo de 2026 por delitos reiterados de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. Desde entonces permanece en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Durante esa audiencia, el juez Guillermo Rodríguez situó al exministro del Interior Andrés Chadwick en una posición relevante dentro de la trama investigada. De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía y los mensajes extraídos del teléfono de Hermosilla, parte de la información entregada por Guerra habría tenido como destinatario final al exministro.

El tribunal describió una estructura triangular entre Guerra, Hermosilla y Chadwick. Según esa interpretación, el exfiscal habría entregado información al abogado con la expectativa de que llegara al entorno político del expresidente Sebastián Piñera y favoreciera su posicionamiento profesional.

El punto central de esa hipótesis es la contratación de Guerra en la Universidad San Sebastián después de su salida del Ministerio Público. Para el juez, ese ingreso laboral podría constituir la materialización del eventual beneficio obtenido por el exfiscal tras años de filtraciones y actuaciones favorables a personas vinculadas con Hermosilla.

Chadwick era profesor de la Facultad de Derecho de esa universidad y, según expuso el magistrado, habría facilitado el contacto de Guerra con el presidente de su junta directiva.

Estas afirmaciones forman parte de los antecedentes considerados por el tribunal al imponer la prisión preventiva y no constituyen una sentencia definitiva. Chadwick mantiene la calidad procesal de imputado, pero hasta ahora la Fiscalía no ha solicitado una audiencia para formalizarlo ni ha anunciado cargos en su contra. CIPER

Guerra seguirá en prisión preventiva

El 15 de julio, la defensa de Manuel Guerra solicitó reemplazar su prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado no se opusieron, pero los querellantes Mauricio Daza, la Municipalidad de Vitacura y el abogado Diego Ibáñez rechazaron la modificación.

El Cuarto Juzgado de Garantía mantuvo la prisión preventiva al considerar que la libertad del exfiscal continúa representando un peligro para la seguridad de la sociedad.

Paralelamente, se ha informado sobre la posibilidad de resolver la situación de Guerra mediante un procedimiento abreviado. El tribunal fijó para el 7 de octubre una audiencia en la que podría discutirse esa salida judicial. Un eventual acuerdo no equivale a una absolución: requeriría que el acusado acepte los hechos y permitiría dictar una condena sin realizar un juicio oral. BioBioChile

POR QUÉ IMPORTA

La investigación no se limita a establecer si existieron conversaciones impropias entre personas influyentes. Su dimensión institucional es mayor: busca determinar si un fiscal regional utilizó información reservada y decisiones propias de su cargo para favorecer intereses particulares y construir una futura posición laboral.

También pone a prueba la capacidad del sistema penal para investigar a quienes conocen sus procedimientos, mantienen conexiones políticas y han ocupado posiciones privilegiadas dentro del aparato de justicia.

LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS

La formalización permitirá conocer exactamente qué hechos atribuirá la Fiscalía a Hermosilla y con qué antecedentes intentará sostenerlos. También deberá aclararse si la investigación avanzará hacia otras personas mencionadas en las conversaciones o si sus responsabilidades quedarán fuera de la acusación penal.