Chile dio un paso importante al despachar a tercer trámite el proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica contra el Delito. Su idea central es simple: el crimen organizado no se combate únicamente en las calles, sino también en bancos, sociedades, facturas, importaciones, casinos ilegales y movimientos de dinero que convierten la violencia en poder económico.

La iniciativa fortalece a la Unidad de Análisis Financiero, al Servicio de Impuestos Internos y a Aduanas. La medida más discutida autoriza a la UAF a solicitar administrativamente el levantamiento del secreto bancario en tres casos: cuando el reporte provenga de un banco, cuando involucre a un funcionario público o cuando se refiera a una persona jurídica.

No se trata de abrir indiscriminadamente las cuentas de la población. La atribución será limitada, quedará registrada y estará acompañada de obligaciones de reserva y sanciones que pueden llegar a la destitución. En los demás casos seguirá siendo necesaria la autorización judicial.

El proyecto entiende algo que Chile demoró en asumir: las organizaciones criminales funcionan como empresas. Necesitan contabilidad, proveedores, transporte, documentos tributarios y mecanismos para lavar activos. Detener a un operador callejero puede interrumpir una actividad; seguir el dinero puede desarmar la estructura que la sostiene.

También se faculta al SII para restringir documentos tributarios usados presuntamente en delitos, se amplían las atribuciones de Tesorería ante transacciones sospechosas y se endurecen las condiciones para controlar bancos y entidades financieras. Una persona acusada o condenada por delitos graves no podrá dirigir estas instituciones ni mantener participaciones relevantes en ellas.

La regulación de las máquinas de azar tampoco es un detalle. Durante años, locales instalados en barrios populares han funcionado bajo la apariencia de juegos de destreza. La nueva definición legal y las restricciones a su importación pueden ayudar a perseguir un negocio que muchas veces sirve como caja de recaudación, lavado y control territorial.

La creación de un agente revelador en la Comisión para el Mercado Financiero sigue la misma lógica: permitir que un funcionario actúe como cliente para comprobar el cumplimiento de la regulación. Es una facultad intrusiva y debe aplicarse con autorización estricta, trazabilidad y control. Un Estado impotente frente al delito es peligroso, pero uno que acumula información sin límites también puede serlo.

El desafío comenzará cuando la ley entre en funcionamiento. Cinco funcionarios adicionales por servicio parecen pocos frente a redes que utilizan empresas de papel, testaferros, tecnología y operaciones transnacionales. Las nuevas atribuciones solo serán efectivas con equipos especializados, protección de datos y coordinación real con el Ministerio Público.

También será indispensable publicar resultados. No basta con informar cuántas veces se levantó el secreto bancario. Habrá que saber cuánto dinero fue detectado, cuántas operaciones se bloquearon, cuántas investigaciones llegaron a condena y qué controles impidieron abusos.

Como advierte Tripulación Tierra, quienes se benefician del caos no siempre desean eliminarlo: muchas veces buscan administrarlo. El crimen organizado prospera cuando la violencia visible distrae de las redes económicas que la financian; cuando el barrio mira al soldado y nadie observa al contador, al importador o a la sociedad que blanquea las ganancias.

Chile necesita policías capaces de detener, fiscales capaces de acusar y tribunales capaces de condenar. Pero también necesita un Estado capaz de leer balances, cruzar datos y actuar antes de que el dinero ilícito compre negocios, autoridades, territorios y silencios.

La ley avanza en la dirección correcta. Su prueba será perseguir al crimen sin convertir la vigilancia en rutina y levantar el secreto bancario de quienes están bajo sospecha sin levantar, al mismo tiempo, las garantías de todos.