El Gobierno ganó la votación; falta saber quién pagará la reconstrucción

A las 2:40 de la madrugada, después de casi doce horas de discusión, el Senado terminó de votar el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Afuera, Chile comenzaba a prepararse para otro tipo de reconstrucción: un sistema frontal avanzaba sobre buena parte del territorio, obligaba a suspender clases y ponía nuevamente a prueba ciudades que suelen descubrir sus fragilidades cuando el agua deja de ser paisaje y entra en las casas.

La coincidencia contiene una imagen demasiado precisa para ignorarla. Dentro del Congreso se discutía cómo volver a poner en marcha la economía. Fuera de él, el país real se protegía de la lluvia, aseguraba techos, limpiaba canales y esperaba que no se cortara la luz.

En la sala se hablaba de tasas, invariabilidad, reintegración y rentabilidad esperada. En las casas se hablaba de trabajo, precios, calefacción y de cuánto queda después de pagar las cuentas.

Son conversaciones relacionadas, pero no idénticas.

El Gobierno obtuvo una victoria legislativa importante. Los artículos centrales de su reforma —la rebaja gradual del impuesto corporativo, la reintegración y la invariabilidad tributaria para grandes inversiones— consiguieron los 26 votos necesarios. La oposición reunió 24 en varias de las votaciones decisivas y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, que deberá aceptar los cambios del Senado o abrir una comisión mixta.

Todavía no es ley, pero ya es una victoria política.

El Gobierno consiguió ordenar a quienes sostienen su administración, atravesar una extensa tramitación y acercar su principal proyecto económico a la promulgación. No es poco para un Ejecutivo cuya aprobación se ha deteriorado rápidamente y cuya gestión económica se convirtió en una de las principales razones de desaprobación ciudadana. En las mediciones más recientes, Cadem situó la aprobación presidencial en 38%, mientras Criteria la ubicó en 32%; ambas registraron mayorías de desaprobación.

Pero ganar una votación no significa necesariamente ganar la discusión.

La Ley de Reconstrucción Nacional fue aprobada en sus componentes más importantes sin construir una legitimidad que exceda al bloque político que sostiene al Gobierno. La iniciativa avanzó, pero no logró instalar de forma convincente la idea de que sus beneficios llegarán efectivamente a quienes hoy viven la crisis económica desde abajo.

Para una parte importante de la ciudadanía, la reforma todavía parece escrita en el idioma de las grandes empresas. El Gobierno habla de crear condiciones para que la inversión regrese. Quienes desconfían escuchan una rebaja tributaria cuyo costo podría traducirse, más adelante, en menores recursos públicos.

El Ejecutivo afirma que primero debe crecer la economía para después repartir sus beneficios. Muchos trabajadores recuerdan que Chile ya ha crecido antes sin que la seguridad laboral, la vivienda, los salarios o el tiempo disponible hayan mejorado al mismo ritmo.

No se trata de una discusión técnica contra una discusión emocional. La desconfianza también posee cifras.

La desocupación llegó a 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026, aumentando medio punto en doce meses. La tasa combinada de desempleo y trabajo parcial involuntario alcanzó 15,8%, mientras la informalidad se situó en 27%. Detrás de cada décima existen personas que buscan empleo, aceptan menos horas de las que necesitan o sobreviven mediante trabajos sin protección suficiente.

Por eso la pregunta decisiva no es si la rebaja tributaria constituye por definición una buena o mala política. Tampoco si la invariabilidad es siempre necesaria o siempre abusiva. La pregunta es qué recibirá el país a cambio.

Si el Estado garantiza durante diez, quince o veinte años las condiciones tributarias de una inversión, no debería limitarse a cobrar una sobretasa. Tendría que exigir compromisos verificables con el desarrollo productivo: transferencia tecnológica, empleos calificados, formación laboral, proveedores nacionales, investigación aplicada y beneficios concretos para los territorios donde se instalarán los proyectos.

La estabilidad no puede convertirse en un regalo sin destino.

Puede ser una herramienta legítima para atraer capital, pero ese capital debe dejar algo más que producción, utilidades e impuestos. Debe dejar capacidades.

Allí se encuentra la distancia entre crecimiento y desarrollo. Una inversión puede aumentar el producto interno sin modificar la estructura de una región. Puede extraer recursos durante veinte años y mantener al territorio exactamente en el mismo lugar: proveedor de materias primas, empleo temporal y paisaje sacrificado.

El Gobierno parece confiar en que el aumento de la inversión resolverá por sí mismo la parte restante de la ecuación. Sin embargo, el mundo ya no funciona con esa simplicidad. Las principales economías combinan incentivos privados con estrategias industriales, protección tecnológica, compras públicas y exigencias de contenido local. No esperan pasivamente que el capital elija aquello que más necesita la sociedad.

Chile, en cambio, sigue discutiendo como si atraer inversión fuera el objetivo final y no el comienzo de una negociación.

La oposición acierta al preguntar por el costo fiscal y por la distribución de los beneficios. Pero también exhibe una debilidad que empieza a volverse permanente: es más clara denunciando la respuesta del Gobierno que proponiendo una respuesta propia.

Decir que la rebaja tributaria favorece a las grandes empresas puede ser cierto, pero no constituye una política de crecimiento. Advertir sobre los riesgos de la invariabilidad tampoco responde qué condiciones ofrecerá Chile para desarrollar inversiones de largo plazo en minería, energía, infraestructura, tecnología o industria.

La oposición logró actuar unida en los artículos que rechazó y también en aquellos que decidió respaldar. Esa disciplina le permitió mostrar fuerza, pero no necesariamente dirección.

La unidad puede proteger a una coalición de la dispersión. También puede transformarse en una frontera que impida cualquier movimiento.

Eso quedó expuesto en la relación entre el Gobierno y el PPD. Había comenzado a construirse una fórmula intermedia para reducir la duración de la invariabilidad, establecer tramos según el volumen de la inversión e incorporar una sobretasa. El espacio era estrecho, pero existía. Entonces Hacienda intentó llevar la rebaja del impuesto corporativo al 22%, en lugar del 23% planteado inicialmente. Aunque después retrocedió, el gesto terminó de destruir la confianza disponible y entregó a los senadores del PPD una razón para abandonar el acuerdo. La invariabilidad fue finalmente aprobada con 26 votos favorables, 23 contrarios y una abstención.

La escena retrata una enfermedad más amplia de la política chilena.

El Gobierno quiso conseguir un voto adicional y terminó perdiendo un acuerdo.

La oposición quiso preservar su unidad y terminó rechazando incluso modificaciones que algunos de sus integrantes habían ayudado a construir.

Todos protegieron su posición. Casi nadie protegió el espacio común.

Los sectores más duros de ambos lados parecen creer que negociar equivale a rendirse. Sin embargo, una democracia sin negociación no se vuelve más coherente: se vuelve más frágil. Las leyes nacidas exclusivamente de una mayoría circunstancial quedan expuestas a ser desarmadas cuando cambia esa mayoría.

La posibilidad de que el proyecto termine en una comisión mixta dependerá ahora de la Cámara y, especialmente, de cómo se comporten los diputados del Partido de la Gente. El PDG vuelve a ocupar el lugar más rentable del sistema político chileno: no necesita conducir el Gobierno ni encabezar la oposición para convertirse en el actor que decide qué iniciativa avanza, cuál se modifica y cuánto cuesta cada apoyo.

El problema no es que una bancada minoritaria ejerza su poder. Para eso existen los parlamentos. El problema aparece cuando la fragmentación transforma cada votación en una subasta y cada acuerdo en una transacción sin proyecto común.

El PDG representa algo más que sus parlamentarios. Expresa a una ciudadanía cansada de los partidos tradicionales, pero todavía no construye una doctrina coherente sobre el Estado, el mercado o el desarrollo. Puede respaldar una rebaja tributaria y al mismo tiempo exigir medidas de alivio inmediato para el consumo. Puede cuestionar a la élite política mientras ocupa con eficacia el espacio decisivo que esa misma élite dejó vacío.

No es exactamente oficialismo ni oposición.

Es la puerta giratoria entre ambos.

La oposición, por su parte, recurrirá al Tribunal Constitucional contra la invariabilidad y determinadas normas medioambientales. Está en su derecho. Si considera que existen vicios constitucionales, debe utilizar los mecanismos disponibles. Sin embargo, resulta inevitable observar la ironía: sectores que durante años describieron al TC como una tercera cámara recurren ahora a él para impedir una decisión que no pudieron detener en el Senado.

No es la primera vez que ocurre. Las instituciones consideradas antidemocráticas mientras favorecen al adversario suelen recuperar solemnidad cuando ofrecen una posibilidad propia.

La derecha también ha hecho ese recorrido.

La política chilena no parece querer eliminar la tercera cámara. Cada sector desea controlar cuándo se abre su puerta.

De cualquier manera, el Tribunal Constitucional no resolverá la cuestión principal. Puede declarar válida o inválida una norma, pero no puede crear empleos. No puede mejorar los salarios ni convertir una inversión extractiva en una cadena industrial. Tampoco puede responder quién asumirá el costo fiscal de la reforma si el crecimiento prometido tarda más de lo previsto.

El verdadero tribunal estará fuera de sus salas.

Estará en las ferias, donde las personas comparan precios.

En las filas de quienes buscan trabajo.

En las familias que descubren que un integrante perdió su empleo justo cuando subieron los alimentos, el combustible o la electricidad.

En las pequeñas empresas que escuchan hablar de reactivación mientras todavía venden menos.

El Banco Central redujo su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 1% y 1,75%, aunque elevó la estimación de 2027 a entre 2% y 3%, apoyada en una recuperación esperada de la inversión. Por lo mismo, el Gobierno deberá ser cuidadoso cuando llegue el momento de atribuirse las futuras cifras: parte del repunte ya forma parte del ciclo proyectado y no podrá adjudicarse automáticamente a una ley cuya implementación y resultados tardarán en desplegarse.

El Gobierno podrá decir que la reforma devolvió confianza. La oposición dirá que el crecimiento habría llegado de cualquier manera. Los economistas discutirán modelos, rezagos y contrafactuales.

La gente hará una pregunta más sencilla:

¿Hay trabajo?

Ese será el punto de verdad.

Porque una economía puede crecer al 3% mientras una parte del país continúa sintiéndose en recesión. Puede aumentar la inversión sin mejorar los salarios. Puede celebrar nuevos proyectos mientras los empleos creados son precarios, temporales o se concentran lejos de quienes más los necesitan.

La política suele enamorarse de los indicadores agregados porque no tienen rostro. El producto interno bruto no llega cansado a la casa. La inversión no espera una micro bajo la lluvia. El déficit fiscal no le explica a un niño por qué este mes hay que gastar menos.

Pero la economía real sí tiene cuerpo.

Por eso resulta significativo que los fondos destinados a las regiones afectadas por incendios obtuvieran respaldo unánime de los 50 senadores. Cuando el desastre deja de ser una abstracción, la política recuerda que todavía sabe ponerse de acuerdo. Nadie pregunta primero por la ideología de una familia que perdió su vivienda ni exige una teoría económica antes de reconstruir una escuela.

La unanimidad apareció donde el sufrimiento era visible.

En el resto, cada sector volvió rápidamente a sus trincheras.

Tripulación Tierra plantea que el mercado no es un destino, sino una herramienta. Esa frase no es un rechazo al mercado. Es una advertencia contra la costumbre de entregarle el timón. Las herramientas sirven cuando sabemos qué queremos construir con ellas; cuando no existe ese propósito, terminan trabajando para quien posee más fuerza para utilizarlas.

La Ley de Reconstrucción puede favorecer la inversión. Puede ayudar a destrabar proyectos y devolver alguna confianza. Negarlo por reflejo ideológico sería tan torpe como asegurar que cada peso que el Estado deja de recaudar regresará multiplicado en crecimiento y bienestar.

Lo que falta es una definición más profunda de reconstrucción.

Reconstruir no es devolver a Chile al momento anterior al estancamiento. Aquel país ya tenía desigualdades, empleos frágiles, centralismo y una economía demasiado dependiente de la extracción de recursos.

Reconstruir debería significar algo más ambicioso: producir mejor, distribuir con mayor justicia, formar nuevas capacidades y proteger a quienes siempre pagan primero las crisis.

Hacia el cierre de Tripulación Tierra aparece otra idea: en este planeta no hay pasajeros, todos somos tripulantes. Tenemos conocimiento, tecnología y comunidad para orientar el rumbo, pero el timón sigue siendo una responsabilidad compartida.

Esa es la parte que la reforma todavía no resuelve.

El Gobierno ganó una votación, pero aún debe demostrar que no confundió la sala de máquinas con la nave completa.

La oposición consiguió permanecer unida, pero todavía debe demostrar que sabe proponer un rumbo y no solamente bloquear el del adversario.

El PDG volvió a instalarse junto al timón, aunque nadie sabe hacia qué costa quiere conducir.

Y Chile continúa esperando.

Espera que la inversión llegue, que el invierno termine, que aparezcan empleos y que la reconstrucción no sea otra palabra solemne utilizada para explicar por qué unos deben esperar mientras otros reciben garantías por veinte años.

Con comisión mixta o sin ella, con Tribunal Constitucional o sin él, el proyecto probablemente terminará convertido en ley. Pero su verdadera aprobación no ocurrirá en el Congreso.

Ocurrirá cuando el crecimiento deje de ser una promesa escrita en los informes y comience a sentirse en la vida.

Porque una ley puede aprobarse con 26 votos.

Un país solo se reconstruye con todos.